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Si la Corte de Quiebras de Nueva York dicta la liquidación de General Motors, quedarían automáticamente en la calle 375,000 empleados directos en Estados Unidos y otro millón y medio en Canadá y México junto con sus proveedores también sin empleo.
La administración Obama no contaba con la presión que irían a generar los accionistas de GM ante la Corte. Estas presiones han generado que el juez Gerber, que lleva el caso de la bancarrota de GM y su posible venta al gobierno, tome en cuenta las opiniones de los accionistas quienes buscan tener una participación en la composición administrativa de la nueva empresa.
Por la presión de esos tipos la composición sería de un 10% para esos accionistas y también para el gobierno canadiense de un 10% de la empresa, mientras la UAW tendría un 17.5%.
El ljuez podría determinar mañana viernes el futuro de la empresa o su desaparición total.
La opinión pública norteamericana se encuentra indignada, según los foros abiertos en páginas como Automotive News.
«El gobierno socialista de Obama pretende la nacionalización total de la empresa», dice uno de los foristas.
«Bien hecho, por fin terminaron con la industria automotriz norteamericana», dice otro.
El Departamento del Tesoro podría inyectar hasta $50,000 millones de dólares para la empresa nacionalizada donde el gobierno tendría el 60% de las acciones.
Los accionistas –que en caso de autorizarse la venta al Estado no tendrían un sólo centavo de la nueva compañía– parecen proponer que si no se llevan una parte de la nueva empresa, sería mejor su liquidación.
Las plantas que tiene GM en Estados Unidos dan trabajo directo a 375,000 empleos, pero son más de 500 proveedores de la firma en todo el mundo, sólo considerando a los exportadores potenciales de autopartes.
En México la firma tiene más de 150 proveedores. Y un cierre de las plantas (Ramos Arizpe, Silao, San Luis Potosí y Toluca), generaría la pérdida de 8,000 trabajadores directos y 30,000 indirectos de los suministradores de componentes.
