INA, ANPACT, AMDA y AMIA dijeron hoy, juntas, que el verdadero problema de la importación de autos usados de Estados Unidos, en mal estado mecánico la mayoría, ahora está en manos de los jueces, que deberán eliminar los amparos a un 80% de las acciones de importación de esos vehículos chatarra. Son tres importadoras, tres individuos, los que afectan a un millón de trabajadores de la industria automotriz, cuya producción para el mercado interno se ve afectada.
La chatarra de importación afecta a la producción nacional (Foto archivo).
Las asociaciones automotrices hermanadas en esta junta con los medios el día de hoy, han dejado entrever, extraoficialmente, que ellas no desean enfrentar directamente a este Poder que se ha conformado por los tres importadores que son empresas mexicanas que están trayendo transportes enteros con autos seminuevos hechos en Estados Unidos o Canadá (llamadas «madrinas»), que sin rodar entran al País con un amparo previo. La Aduana no puede hacer nada contra el amparo.
Por tanto, INA, ANPACT, AMDA y AMIA están pugnando porque los jueces den al traste con esos amparos que son el único recurso por medio del cual entra la «basura» automotriz.
Varios analistas han cuestionado las ya famosas «políticas públicas» de las instancias de la Secretaría de Economía y su conformación de un Plan Nacional de Desarrollo. Dichos investigadores consideran que se corre el viejo riesgo del «atole con el dedo» (que el gobierno dicte las reglas del juego y permanezca en esas reglas sin hacer nada que no le convenga a los grupos de Poder que el PRI maneja a su favor).
En un primer capítulo, hace un año, laa asociaciones automotrices decían que esperaban al nuevo gobierno para pedirle que cambiara las reglas del juego en materia de importación de autos usados provenientes de Estados Unidos.
¿Se puede modificar el TLC en materia de autos usados importados?
Hoy, con el regreso del PRI al «nuevo» gobierno con más de 110 días en el Poder, dicen que el problema es judicial. De un plumazo lo han dejado de ver como un problema político donde el PRI hace 40 años ha hecho de la importación de autos usados «chocolates» una forma de control político para hacerse llegar votos de los beneficiados por esas importaciones, supuestamente campesinos de corbata.
Ese viejo problema de la importación de autos «chocolates» ahora se ve como un problema de la instancia judicial, cuando en realidad sigue siendo un instrumento del gobierno para manejar las cuotas de Poder en el Norte del País.
Es Tijuana, Baja California, una de las ciudades donde se repite a diario el fenómeno «industrial» de la importación. Tres empresas controlan la entrada de autos usados de modelos desde 1990 hacia adelante. Venden de todo. Modelos de a $20 mil pesos. Viejas camionetas Toyota de $15 mil… y hasta modelos Dodge, Chevrolet o Ford, sedanes que por $25 mil pesos son entregados de este lado, «legalizados» y listos para rodar… por unos cuantos meses porque son unidades que al no producirse en México no hay refacciones.
Al quedar como chatarra en deshuesaderos, los propietarios de estos corralones los desarman y venden las piezas de carrocería y las refafcciones y motores en partes, lo que genera el mercado de refacciones usadas, lo que pega a la industria de autopartes nacional.
Al Volante ha recibido decenas de puntos de vista de los foristas que afirman que, «si las empresas automotrices en México ofrecieran mejores precios de sus unidades nuevas, y si la banca comercial cumpliera con su labor social de dar financiamiento barato al consumidomexicano, el público no tendría por qué buscar los autos «chocolates» baratos.
¿Qué pasó con aquel programa de eliminación de autos chatarra? ¿A comenzar de nuevo?
La industria en México sabe que el fenómeno de la importación de usados, cuyas cifras han rebasado ya los 7 millones de unidades en siete años, es de una verdadera mafia donde están ubicados los importadores, su equipo jurídico que, mediante «mordidas» o encontrando los hoyos de la ley vía los amparos, resuelven los impedimentos para la entrada al País de verdadera chatarra que Estados Unidos vía empresarios sin escrúpulos ni conciencia ecológica, envía a México como su patio trasero de basura.
¿Qué papel juega el «nuevo» gobierno en todo esto? Pareciera que nada. Sabedores que el problema es judicial, han dicho a la industria que acudan a las instancias (los jueces) para acabar con los amparos. Es impresionante que una autoridad pueda reaccionar así cuando la industria automotriz es la que da de comer a este País y el fenómeno de la importación le pega directamente a la producción. Qué irresponsabilidad.
En el pasado fue el gobierno del PAN, inexperto y muy corrupto. Ahora es el regreso del PRI, viejo, experto, pero mucho más corrupto y peligroso.