ALVOLANTE.INFO Análisis, noticias y foro sobre industria automotriz
El Diario Oficial de la Federación publicó ayer martes 28 de diciembre la prolongación del decreto de Felipe Calderón de diciembre de 2008 para prolongar seis meses más los requisitos como la certificación de origen para los autos de 10 años de antigüedad provenientes del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Diputados y loteros norteños protestaron por la medida y se ampararon contra ella.
México permitió desde la firma del TLC importación de usados (Foto archivo).
La prolongación del decreto del Ejecutivo Federal de diciembre de 2008 mediante el cual se exigen una serie de requisitos (como la certificación de origen del vehículo usado importado) para introducir al territorio nacional unidades seminuevas provenientes principalmente de Estados Unidos.
En 1994 México firmó un Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Canadá no aceptó introducir autos usados en su territorio; México sí. Y los autos que se están introduciendo no son verificados ni tienen una norma de calidad por contaminación ambiental.
Han entrado al país más de un millón de unidades usadas, muchas en mal estado, desde entonces, en detrimento de la producción nacional y se la planta laboral que esta medida afecta.
Diputados y loteros fronterizos protestaron por esta medida de Felipe Calderón de prolongar el decreto para exigir el certificado de origen de cada unidad usada que entre al país, la que tendrá vigencia al mes de julio de 2011.
La introducción de autos chocolates a México es una tradición política donde los diputados locales y federales toman la apertura a la importación como un trampolín político hacia sus allegados.
Permitirle a la gente del norte del país traer un vehículo importado usado a bajo precio, les allega a los políticos votos a su favor en las elecciones. Y en eso lo mismo partican el PRI, el PAN, el PRD y todos los pequeños partidos satélites de estos.
Aún con la medida a julio de 2011, es un hecho que, en pos de cumplir con el TLC de América del Norte, México deberá permitir la introducción libre de unidades usadas a partir de 2011, como se comprometió en el libro C del tratado.
México no tiene una estructura capaz de verificar el estado mecánico de las unidades que entran. Políticamente esa medida ha sido detenida en detrimento del medio ambiente en el país y afectando a la planta productiva nacional y sus empleos.
Las asociaciones del ramo no han logrado nada, en la práctica de los hechos, por detener ese botín político de los deshonestos legisladores.
