El pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó de plano los cuatro juicios ejercidos por las empresas importadoras de autos usados provenientes de Estados Unidos, los cuales se llevaban a cabo. La AMDA califica como un buen inicio la acción que permitiría que por fin se aplique el Decreto Automotriz emitido en julio de 2011 y que establece normas de mínima calidad y buen estado mecánico de las unidades.
Mete reversa Suprema Corte a deshonestos importadores de chatarra (Foto archivo).
Guillermo Rosales, director de asuntos gubernamentales y públicos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, califica la medida de acertada toda vez que marca el inicio de una nueva ruta que podría seguir el gobierno para parar, de plano, la importación de unidades en mal estado mecánico que representan un problema de salud pública y afectan a la economía del País.
Indicó a Al Volante que hasta el momento se tienen ya cerca de 7 millones de autos importados de EEUU desde el 2005 en que Vicente Fox dio un revés a la industria, permitiendo la importación de chatarra, hasta mayo pasado. O sea, legalizando los ilegales.
«Esta medida permite que por fin las importadoras de autos usados provenientes de Estados Unidos, acaten el Decreto Automotriz de 2011 en donde se pide un certificado de origen a cada unidad, además de que tengan un mínimo de condiciones mecánicas favorables para poder ser permitidos en el País», señaló Rosales.
Vicente Fox en 2005, con fines electorales, dictó un decreto que regularizó las unidades importadas de EEUU, sin importar su condición mecánica ni de emisiones contaminantes.
Felipe Calderón le corrigió la plana a Fox en 2011 poniendo reglas para la importación, pasando por un certificado de origen, entre otras medidas. Pero los importadores, tres empresas sobre todo focalizadas en Tijuana y Chihuahua, pertenecientes algunas de ellas a funcionarios públicos como diputados o senadores, se ampararon contra el decreto de Calderón y burlaron la ley amparándose.
Mientras el litigio duró años, estos señores importaron 7 millones de unidades haciendo el gran negocio de su vida.
Un problema social
Algunos analistas nacionales han analizado el problema de la importación sólo desde el punto de vista de las condiciones mecánicas del vehículo o de los daños que ello hace a la economía del País, incluyendo que se dejan de pagar impuestos.
Pero han descuidado el análisis social junto con el económico. En México el poder adquisitivo de la población ha bajado enormemente. En 1973 una secretaria tenía acceso a comprarse un vehículo nuevo que costaba $27,010 pesos al contado. Había facilidades de las empresas para financiar a sus empleados. La banca cumplía una función social para solidarizarse con los compradores con tasas bajas de interés.
Hoy es imposible a una secretaria acceder a un auto nuevo. La empleada ha perdido su antigüedad y el apoyo sindical al respecto. Su empleo depende una firma «outsourcing» y no de una firma de contrato directamente con la empresa. Las tasas de interés bancarias y automotrices son de las más caras de los países de la OCDE. Se pagan escandalosas sumas por el interés, lo que hace imposible para una persona de medianos recursos hacerse de un auto nuevo. Por eso acuden al mercado de autos «baratos» de importación.
Pero los importadores venden «esperanzas falsas» porque las unidades que comercializan están por lo general en malas condiciones mecánicas. Le ven la cara al comprador.